La situación de la lengua de signos en Galicia: un estudio de las aplicaciones de la Ley 27/2007
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Este trabajo analiza la situación de la lengua de signos española (en adelante, LSE) tras la promulgación de la Ley 27/2007 y el Real Decreto 674/2023, que reconocen oficialmente las lenguas de signos en España. Según datos recientes del INE (2020), aproximadamente 1.230.000 personas en España tienen discapacidad auditiva, de las cuales 27.300 usan la lengua de signos (LS). Sin embargo, la comunidad signante puede ser mayor si se considera el entorno familiar de estas personas (Varela Ulla et al., 2021). A pesar de su crecimiento, esta comunidad enfrenta barreras lingüísticas y discriminación, especialmente en ámbitos como la educación y los servicios públicos, en una sociedad formada por y para oyentes. La Ley 27/2007 no solo reconoce las lenguas de signos, sino que también busca regular los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas. No obstante, ha surgido una tendencia hacia métodos oralistas y el uso de prótesis auditivas desde temprana edad, en detrimento del aprendizaje de la LSE. Esto ha llevado a casos de privación lingüística y dificultades educativas significativas para muchos estudiantes sordos. Estas circunstancias han supuesto un desafío en la implementación efectiva de la legislación. Este trabajo examina, pues, la aplicación de estas leyes y se profundiza en la situación específica de la LS en Galicia, utilizando un cuestionario adaptado para la comunidad sorda, en el que se busca recoger su opinión, abordando tanto la percepción sobre las aplicaciones de la Ley 27/2007 como las actitudes lingüísticas hacia la lengua de signos gallega (en adelante, LSG). De esta forma, los resultados del cuestionario muestran que un alto porcentaje de personas encuestadas no perciben un adecuado reconocimiento y promoción de la LSE en Galicia, destacando la falta de recursos en diversos ámbitos. Además, la carencia de planes para formar intérpretes de lengua de signos aumenta las barreras comunicativas y las actitudes discriminatorias. En cuanto al ámbito educativo, la prevalencia de enfoques oralistas ha provocado que los casos de fracaso escolar hayan experimentado un incremento, dificultando el acceso a niveles educativos superiores. Se concluye que, aunque la legislación haya marcado avances significativos, la implementación efectiva de la Ley 27/2007 y el Real Decreto 674/2023 sigue siendo insuficiente para garantizar la igualdad de acceso y oportunidades para la comunidad sorda en España.