Materia legislativa relativa al derecho a la interpretación y a la traducción en los procesos penales para las personas sordas
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A lo largo de la historia, las personas sordas se han encontrado con barreras comunicativas e informativas a la hora de acceder a todos los servicios públicos, incluida la Administración de Justicia. Al no haber uniformidad en la aplicación de mecanismos de protección de los derechos de las personas sospechosas o acusadas surgió la necesidad de armonizar las leyes en la Unión Europea por lo que se aprueba la Directiva Europea 2010/64/UE relativa al derecho a la interpretación y a la traducción para los sospechosos, imputados o acusados que no conocen el idioma del proceso penal. En España, por medio de la transposición de la misma al ordenamiento jurídico español se aprueba la Ley Orgánica 5/2015, en la cual, se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica del Poder Judicial.