La implementación de la ley 11/2011 de 5 de diciembre, por la que se regula el uso de la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera en Andalucía: experiencias
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La comunidad sorda a lo largo de la historia ha luchado por la conquista de derechos para las personas sordas, actualmente materializados en la legislación y normativas publicadas. El presente y futuro más inmediato pasará, posiblemente, por conquistar la aplicación real y efectiva de esos derechos en la vida y relaciones de las personas sordas andaluzas con su entorno más inmediato. Como antecedente histórico y fruto de la reivindicación del movimiento asociativo andaluz de personas sordas, para garantizar los derechos de personas sordas andaluzas, se recogió hace diez años en la Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, una alusión específica a la lengua de signos y las condiciones que permitan alcanzar la igualdad de las personas sordas que opten por esta lengua que será objeto de enseñanza, protección y respeto. Meses después se aprobó por las Cortes Generales la ansiada ley 27/2007 que reconocía legalmente las lenguas de signos y los medios de apoyo a la comunicación oral, tras muchos años de lucha por un estatus legal para la lengua de los miles de personas sordas que viven en nuestro país, liderada por la Confederación Estatal de Personas Sordas.
Muchos de estos derechos se han materializado con la aparición de la ley 11/2011 de 5 de diciembre, por la que se regula el uso de la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera en Andalucía. Este reconocimiento de la lengua de signos supone un paso hacia la normalización de esta lengua, su enseñanza, uso, calidad, desarrollo normativo e investigación tal y como se recoge la normativa estatal y la andaluza, entre otros ámbitos.
En: CNLSE (ed.), Actas del Congreso CNLSE de la Lengua de Signos Española: Madrid, 26 y 27 de octubre de 2017, pp. 102-119.