España avanza en el diseño de una Administración pública accesible en lengua de signos española

EL CNLSE ha elaborado el Estudio sobre la accesibilidad de la lengua de signos española en la Administración pública.

Se han identificado, junto con las entidades que representan a las personas sordas y sordociegas así como al colectivo profesional y diferentes instancias públicas, los principales retos pendientes que garantizan una Administración pública accesible en LSE.

El Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNLSE), centro asesor del Real Patronato sobre Discapacidad, ha elaborado el Estudio sobre la accesibilidad de la lengua de signos española en la Administración pública. El objetivo principal del estudio es conocer cómo la lengua de signos española (LSE) está presente en la Administración pública y de qué forma la ciudadanía sorda y sordociega puede acceder a los bienes y servicios en esta lengua.

En el estudio se analiza en qué medida la Administración pública cumple con su obligación de velar por los derechos de las personas sordas y sordociegas que utilizan habitualmente la LSE en el marco de lo establecido en la Ley 27/2007, de 23 de octubre. El desarrollo del estudio sigue dos líneas diferenciadas que complementan el estado de la cuestión. Una línea es la información recogida directamente de los departamentos de la Administración pública, a través de una metodología Delphi, para identificar debilidades y fortalezas. Otra línea es la información suministrada por las principales organizaciones de personas interesadas, usuarias y profesionales. En el último bloque del estudio, el de los resultados, se presenta el nivel de implementación de la Administración con respecto de la accesibilidad en LSE, se describen las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades y, finalmente, se identifican las estrategias de mejora.

Se ha realizado un análisis sistemático sobre la calidad de la accesibilidad lingüística signada en 60 organismos de la Administración General del Estado (AGE), incluyendo sectores clave para la inclusión social, como la sanidad, la educación, el empleo, la atención social o la justicia. Los resultados muestran un avance significativo en la incorporación de la LSE a la Administración pública. No obstante, se han detectado algunas debilidades, como la falta de recursos presupuestarios que permitan dimensionar de forma adecuada y sostenible los servicios y el volumen de profesionales que se precisan. En este sentido, cabe incorporar en las políticas públicas una perspectiva de igualdad más amplia y no vincular la accesibilidad en LSE a la disponibilidad o no de recursos. Esto entronca con la existencia de ideas preconcebidas y prejuicios sobre el colectivo de personas sordas y sordociegas. Por otro lado, se ha identificado como una amenaza la escasa regulación legislativa y, en concreto, su formulación específica respecto a la accesibilidad signada, en la que no hay obligación, sino una voluntad de incentivar. Otra de las cuestiones que requieren una acción decidida es la externalización de los servicios a empresas ajenas a la lengua que se efectúa priorizando aspectos económicos frente a aspectos de calidad del servicio y de igualdad de oportunidades.

El estudio también ha permitido la identificación de elementos que facilitan el cambio hacia una administración más permeable a la LSE, como la colaboración con entidades de la sociedad civil y una mayor visibilidad y presencia de la LSE en esferas como la educación, la formación de idiomas y los medios de comunicación social. El estudio reconoce también, por una parte, que la formación en LSE, así como en cuestiones propias de la comunidad sorda y sordociega, constituye en sí una oportunidad para mejorar la atención a estas personas por parte de la AP, y, por otra, que una extensión del uso de intérpretes es un indicativo de una mayor participación cívica y social de las personas sordas y sordociegas en distintos niveles.

Del análisis emergen varios retos, así como estrategias y propuestas de intervención, para las Administraciones públicas que permitirán mejorar la accesibilidad lingüística a la comunidad sorda y sordociega. Se han identificado retos vinculados a la dotación estructural. Se requieren más profesionales públicos con alto dominio en LSE, así como un incremento en la oferta de recursos y la mejora de las condiciones laborales de profesionales de la LSE para primar la calidad. Por otra parte, se precisa adecuar los procesos de coordinación y comunicación intersectorial, y mejorar la concienciación social. Además, se requieren esfuerzos con respecto a la formación y a la regulación de profesionales específicos, especialmente intérpretes de LSE y guías-intérpretes de personas sordociegas, así como favorecer la formación del personal de la administración en LSE, y, finalmente, apoyar la actividad investigadora.

Este proyecto se llevó a cabo con el apoyo de la Unión Europea-NextGenerationEU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para generar conocimiento experto para la transformación de las políticas públicas en clave de accesibilidad universal. El estudio pretende contribuir a la accesibilidad lingüística y comunicativa de la comunidad sorda y sordociega haciendo comprensibles, utilizables y aprovechables los bienes y servicios de la AGE para garantizar sus derechos lingüísticos.

• Consulta del estudio que incluye resumen en LSE y lectura fácil.
• Acceso a la infografía del estudio.